La Contraloría General de la República, a través de la delegada para el Sector Agropecuario, emitió Advertencia Especial al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) frente a los riesgos evidenciados en la implementación y ejecución de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

La Contraloría identificó riesgos de carácter jurídico, fiscal, presupuestal, ambiental, operativo y de gobernanza, que podrían comprometer la consistencia técnica, financiera e institucional del proceso de formulación e implementación de las ZPPA y APPA.

Estos riesgos se relacionan, entre otros aspectos, con la aplicación del ordenamiento territorial, la incorporación de criterios de gestión del riesgo de desastres y cambio climático, la suficiencia de información técnica, jurídica y geoespacial, la coordinación interinstitucional y territorial, y la disponibilidad real de recursos para garantizar la ejecución de las medidas adoptadas.

La Contraloría advirtió que la implementación de estas figuras no puede limitarse a la expedición formal de actos administrativos, ni a la definición general de zonas o áreas de protección. Por el contrario, exige una planeación integral, verificable y financieramente soportada, que articule los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, los planes de inversión pública, los presupuestos sectoriales y territoriales, y los mecanismos de seguimiento sobre los resultados esperados.

En materia jurídica e institucional, el organismo de control evidenció la necesidad de fortalecer los procedimientos, parámetros y mecanismos de coordinación entre las entidades nacionales competentes y los entes territoriales, pues la insuficiencia frente a información documental, técnica, jurídica y geoespacial puede generar incertidumbre sobre la aplicación del debido proceso administrativo, la adecuada delimitación de las áreas, la armonización con los instrumentos de ordenamiento territorial y la efectividad de las decisiones adoptadas.

Además, la Contraloría llamó la atención sobre el riesgo en la planeación de los criterios de formulación de las ZPPA y en la implementación de las APPA en el territorio rural, debido a la falta de una programación clara, específica y trazable con relación con el uso del suelo y las actividades productivas, entendiendo que, las restricciones derivadas de la declaratoria de APPA pueden impactar sectores económicos estratégicos, especialmente actividades como la exploración y explotación minera cuando se desarrollan en territorios delimitados bajo esta figura. Estas limitaciones podrían generar tensiones entre la protección del suelo y el desarrollo de actividades productivas clave.

Asimismo, aunque no se identifica un riesgo específico en infraestructura, se evidencian efectos transversales en la planeación y ejecución de proyectos públicos. Factores como las restricciones al uso del suelo, la desarticulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, la falta de financiación de planes de acción y la débil incorporación de la gestión del riesgo de desastres pueden comprometer la viabilidad de intervenciones en estos territorios.

En el componente ambiental y de gestión del riesgo, se destaca la necesidad de integrar criterios como la prevención de desastres, el cambio climático, la protección de ecosistemas y el uso sostenible del suelo. La omisión de estos elementos puede conducir a decisiones incompatibles con la realidad territorial. Por ello, la Contraloría insta al Ministerio de Agricultura y a la UPRA a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y técnicamente fundamentadas para mitigar los riesgos identificados.

*Con información de Contraloría General de la República